Una vez más el presidente y su ministro de defensa enfilan baterías contra las universidades y los estudiantes por tener según ellos, “escondrijos para explosivos” y por ser “terroristas de civil” y “vándalos”: se le propone a los jóvenes participar en una red de informantes a cambio de remuneración para su matrícula.
Esta propuesta estará enfocada en cooptar a los jóvenes de los sectores sociales más vulnerables, quienes por cien mil pesos, se involucrarán en el conflicto armado interno, no por convicción sino para resolver sus necesidades vitales.
La mentada medida se circunscribe dentro de la denominada política de seguridad democrática cuyo significado ya es reconocido por la sociedad colombiana: recorte sistemático y generalizado de las libertades y derechos democráticos a la población, ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública e impunidad para los implicados en tales crímenes, represión del movimiento social y popular, sometimiento a los intereses económicos y geopolíticos de los Estados Unidos.
Con esta iniciativa se desconocen las obligaciones del Estado colombiano en materia del derecho a la educación. Omite la función de brindar educación gratuita, de alta calidad, con un sistema de bienestar debidamente subvencionado, con autonomía universitaria y democracia plena. No es ajena esta propuesta a las declaraciones constantes de estigmatización de la lucha estudiantil y juvenil que clama por la soberanía nacional, la democracia y la educación pública. Es un hecho que esta idea abre las puertas para militarizar la vida universitaria y para montar un conjunto de falsos positivos judiciales ante las denuncias que tiendan a judicializar a los dirigentes estudiantiles.
La actitud de Uribe Vélez también es una prueba manifiesta de su irrespeto al Derecho Internacional Humanitario. Con esta tesis se vinculan a los civiles a las funciones de los militares, vulnerando de esa manera el principio de distinción que es un eje fundamental para la protección de la sociedad civil.
La Coordinadora Nacional del Polo Joven expresa el más profundo rechazo a esta decisión y se compromete a liderar la más amplia resistencia a esta medida, de igual forma convoca a las y los jóvenes colombianos a no aceptar esta propuesta autoritaria que vulnera todo derecho a las libertades sociales.
Bogotá, 30 y 31 de enero de 2010
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